“Señalando con el dedo” La colaboración de los ciudadanos de a pie en la represión franquista.

“Espero la colaboración activa de todas las personas patriotas, amantes del orden y de la paz, que suspiraban por este movimiento”.

Bando del general Emilio Mola. Pamplona, 19 de julio de 1936

     Con la “liberación” del pueblo por parte de las tropas franquistas, muchos vecinos experimentaban un profundo alivio. Era el anhelado final de la guerra civil, en el que tantos españoles –y no sólo los franquistas convencidos-, hastiados ya de la lucha fratricida, tenían depositadas sus esperanzas de vuelta a la normalidad. Muchos de los que habían luchado defendiendo la República regresaron al pueblo confiando en lo pregonado por las nuevas autoridades: aquellos que no hubieran cometido delitos de sangre no tenían nada que temer.

     Pronto descubrirían lo quimérico de aquel mensaje conciliador. Las boinas rojas, los turbantes moros, las camisas azules y las sotanas eran portadoras de la victoria, pero no así de la paz. Los nuevos poderes locales se afanaron en “limpiar” y “recatolizar” el municipio tras el periodo de “dominación roja”. Las pesquisas sobre los “desmanes” cometidos durante este demonizado lapso temporal no se hicieron esperar, y la represión contra los responsables de los mismos fue terrible e inminente. Ésta no se limitó al ámbito físico (fusilamientos dictados por tribunales de guerra), sino que se hizo extensible al terreno socio-económico (incautación de bienes dispuesta por los Tribunales de Responsabilidades Políticas o multas al pequeño estraperlo impuestas por la Fiscalía de Tasas), al profesional (depuraciones de funcionarios) e incluso al psicológico.

     Ahora bien, ¿pudo esta ingente labor de “purificación” de la patria ser acometida única y exclusivamente por las nuevas autoridades conjuntamente con las fuerzas del orden (policía y guardia civil)? Parece difícil responder afirmativamente teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, no contaban con el suficiente capital humano y que muchos de sus efectivos procedían de fuera de la localidad y desconocían, por tanto, los antecedentes políticos de los vecinos. Para llevar a buen puerto tan ambiciosa misión necesitaron rodearse de un séquito de colaboradores sin uniforme: los ciudadanos de a pie.

     Los procesos represivos franquistas durante la guerra y la posguerra han sido estudiados principalmente desde un punto de vista cuantitativo, fundamentalmente “desde arriba”, y centrándose sobre todo en las víctimas. Y cuando se ha abordado el tema de los perpetradores o verdugos ha sido poniéndose el acento en los militares rebeldes o en las milicias derechistas, prestándose poca atención al papel jugado por la sociedad civil. Sin embargo, las actitudes y comportamientos de ésta, ya fuera solidarizándose ya delatando, no pueden seguir siendo subestimados, en tanto que éstos pudieron llegar a ser determinantes a la hora de condenar o de salvar a un individuo en apuros.

     Este interesante debate historiográfico nació al calor de la incómoda pregunta sobre la responsabilidad de los alemanes “corrientes” en la barbarie nazi. Diversos investigadores han puesto de manifiesto, para el caso de la Alemania del III Reich, la imposibilidad de que la Gestapo por sí sola hubiese podido llevar a cabo las múltiples tareas de vigilancia y castigo que le estaban encomendadas sin la colaboración de la población de a pie, dado el alto porcentaje de habitantes que correspondía a cada uno de los efectivos policiales . Además, se ha podido constatar que fueron más los procesos represivos incoados a partir de denuncias ciudadanas que los nacidos al calor de la labor de los funcionarios de la Gestapo.

 “Teniendo noticias confidenciales…”

“Todos, todos me muestran con el dedo

menos los mancos,

quiero y no puedo”.

La mala reputación, Georges Brassens, 1956

     También en la España de Franco existió una tupida red de espías y confidentes al servicio del Servicio de Información e Investigación de Falange. Sin duda, el nivel de exhaustividad logrado en el control social de la población, que llegó a rebasar los límites de lo público para adentrarse en las conductas estrictamente privadas, no hubiera podido alcanzarse sin la colaboración de los españoles de a pie. Esta ayuda prestada “desde abajo” contribuyó a crear una asfixiante atmósfera de fiscalización de la vida del prójimo y de omnipresencia de las sospechas y el miedo que ha llevado a algunos a hablar de sociedad “autovigilada”.

     La represión franquista contra los “rojos”, presentados como poco menos que seres con cuernos y rabo, pudo estar bien vista, ser justificada e incluso avivada por la población de a pie. Entre las actitudes sociales de los españoles ante la violencia de la dictadura habría habido, pues, cotas no despreciables de aquiescencia. Por su parte, las “fuerzas vivas” del pueblo, muchas de las cuales no eran oriundas del municipio, necesitaban a estos colaboradores voluntarios para conocer de qué pie cojeaba cada vecino. Los datos que les proporcionaron les sirvieron para elaborar los funestos informes de antecedentes políticos y de conducta social y moral (aspecto éste último especialmente relevante en el caso de las mujeres) de los investigados, que iban a determinar en buen grado su futuro inmediato.

     El régimen era consciente de la necesidad de contar con la inestimable ayuda de los ciudadanos para conseguir el objetivo de aniquilar a sus enemigos potenciales y de castigar a los perdedores de la guerra, pero también de que, al tejer toda una red de colaboradores, ampliaba las bases sociales sobre las que se asentaba. Así pues, las autoridades utilizaron la radio y la prensa para hacer encendidos llamamientos a la colaboración ciudadana (imágenes 1 y 2), presentando a los no cooperantes como burdos “traidores” de la patria y garantizando el anonimato de quienes, cumpliendo con su deber de “buenos españoles”, se decidieran a acudir a comisaría. Pero, ¿qué grado de calado tuvieron estos mensajes entre la población?

Imagen 1. Mensaje aparecido en el diario granadino Ideal el 16 de mayo de 1939, poco después de concluida la guerra, llamando a la denuncia ciudadana contra los estraperlistas.

Imagen 1. Mensaje aparecido en la prensa granadina poco después de concluida la guerra, llamando a la denuncia ciudadana contra los estraperlistas. Fuente: Ideal, 16 de mayo de 1939.

Mensaje publicado en la portada del diario granadino Ideal el 4 de junio de 1939, apenas un par de meses después de concluida la guerra, llamando a la denuncia ciudadana contra los estraperlistas.

Imagen 2. Mensaje publicado en la portada del diario granadino Ideal apenas un par de meses después de concluida la guerra, llamando a la denuncia ciudadana contra los estraperlistas. Fuente: Ideal, 4 de junio de 1939.

     A juzgar por el gran número de procedimientos administrativos y judiciales que comenzaban tras haber tenido “noticias confidenciales”, parece que el aliento que “desde arriba” se dio a las prácticas delatoras halló una notable respuesta “desde abajo”. Para muchos, los problemas con la autoridades franquistas comenzaban después de que las fuerzas del orden hubiesen recibido un chivatazo acerca de alguna de las múltiples conductas estimadas delictivas en la retaguardia franquista: desde los actos anticlericales a las simples faltas económicas, pasando por la acción propagandística a favor del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, la pertenencia a algún partido de izquierdas con anterioridad al “Glorioso Movimiento Nacional” o los comportamientos considerados inmorales, como el amancebamiento.

     En las pequeñas comunidades rurales, donde todos sabían quién era quién, el grado de estigmatización era mayor y los mecanismos de control social resultaban aún más efectivos. En este ámbito, la participación popular resultaba un engranaje fundamental de la maquinaria represora de la dictadura. En ocasiones, la cooperación ciudadana revistió verdadero entusiasmo, llegando la implicación de los informantes al punto de prestarse a acompañar a las fuerzas del orden en el registro domiciliario de la persona delatada. Pero, ¿quiénes eran estos entusiastas colaboradores?

“Preguntemos a los vecinos”

     La mayor parte de los chivatazos emanaron del entorno más cercano del acusado, es decir, de sus familiares y vecinos, los mejores conocedores de los avatares políticos de sus parientes y paisanos. Algunos colectivos, como el de los porteros de las fincas de pisos en grandes urbes como Madrid, estaban especialmente bien situados para acometer esta labor pseudopolicial de vigilancia y delación de los vecinos. También fueron muchas las mujeres que colaboraron con las nuevas autoridades. Al fin y al cabo, eran ellas las que, por haber permanecido en el pueblo -lejos del frente de batalla- durante la etapa republicana que ahora se investigaba, podían relatar con mayor detalle lo sucedido, además de estar al tanto de la violencia acontecida en torno a uno de los principales lugares de sociabilidad femenina en la época: la iglesia.

     Pero fueron quienes habían sufrido la violencia “roja” en carne propia o en la de algún pariente cercano quienes estuvieron especialmente predispuestos a cooperar con los nuevos poderes locales. Ávidos de venganza, sus testimonios contra otros miembros de su comunidad dejaban traslucir un fervoroso entusiasmo. A la hora de recabar información sobre quienes estaban siendo investigados, el alcalde, el comandante de la Guardia Civil, el jefe de Falange y el párroco se dirigieron preferentemente a estas personas “de orden” y “de reconocida solvencia moral”, que gravitaban en la órbita de quienes habían ganado la guerra y cuya credibilidad quedaba fuera de toda duda. Sin embargo, y a diferencia de lo que pudiera parecer en un primer momento, no todos los colaboradores se habrían sentido plenamente identificados con los valores y principios del Movimiento. A estas personas pudo moverlas también el interés económico o el personal.

“Por el premio que la ley concede”

     Los móviles que podían llevar a un sujeto “normal y corriente” a denunciar a un igual pudieron ser de muy diversa índole, combinarse y superponerse entre sí, y evolucionar con el paso del tiempo. Es más, un mismo individuo pudo exhibir comportamientos distintos, incluso contradictorios, en diferentes momentos en función de sus cambiantes necesidades, intereses y anhelos. La complejidad y el dinamismo de las actitudes sociales de los sujetos invalida las explicaciones basadas en compartimentos estancos.

     Muchos de los que cooperaron con las nuevas autoridades lo hicieron por su comunión con los valores del recién inaugurado Estado franquista. El discurso de demonización del otro bien pudo calar entre importantes sectores de la población, que habrían colaborado con las autoridades guiados por una verdadera convicción en la maldad intrínseca de los republicanos y en la necesidad de que fueran duramente castigados como condición previa para la expiación de sus culpas.

     Otros se decantaron por la colaboración movidos por un tentador interés económico, en tanto que algunas leyes represoras contemplaban una suculenta recompensa para el informante, o incluso la entrega al mismo de parte de los bienes incautados al procesado. Así, por ejemplo, la Ley de Tasas del 30 de septiembre de 1940, en virtud de la cual se creaba la Fiscalía de Tasas que perseguiría las faltas económicas en materia de abastecimientos (el popularmente conocido como “estraperlo”), reservaba a esta figura nada menos que el 40% de la multa impuesta al denunciado.

     Pero en aquella España profundamente dividida y sobrada de odios no faltaron tampoco las denuncias que nacían de la voluntad de consumar una venganza por motivos personales. La nueva situación creada por la guerra ofreció a muchos la oportunidad de materializar su ansiada revancha ya fuera por rivalidades profesionales, ya por desavenencias amorosas, o por los desencuentros surgidos a raíz de una herencia o una linde de tierra.

     Forjar un currículum más adecuado al nuevo contexto inaugurado tras la llegada de las tropas franquistas al pueblo fue otra de las razones subyacentes en las denuncias. Y es que, al prestarles su colaboración, se congraciaban con los “liberadores”. Esto era válido tanto en el caso de quienes se adscribían en el espectro ideológico de las “zonas grises” , esto es, individuos ni plenamente adeptos ni estrictamente opositores, como en el de aquellos que quisieran lavar un pasado teñido de rojo. Al señalar con el dedo a un convecino, el denunciante se acercaba a las nuevas autoridades locales mejorando su imagen de cara a las mismas, al tiempo que se alejaba de la zona de riesgo reduciendo las posibilidades de ser él mismo señalado. Se trataba, en definitiva, de un pasaporte que permitía entrar en la “comunidad de vencedores”.

     A las razones particulares que llevaran a un hombre o mujer a tomar la determinación de señalar con el dedo a otro miembro de su comunidad vinieron a sumarse los mensajes que leían en los periódicos y escuchaban en la radio animándolos a practicar la delación. La conjunción de ambos factores dio pábulo a toda una ristra de denuncias falsas fundamentadas en ambiciones y pasiones varias.

A modo de conclusión

     Durante la guerra y la posguerra muchos españoles acabaron en un pelotón de fusilamiento, sufriendo las terribles condiciones de las prisiones o los campos de trabajo franquistas, inhabilitados para ejercer la que había venido siendo su profesión, o bien con sus bienes embargados tras haber sido señalados por el dedo acusador de un conocido. Tras los demoledores testimonios de estos colaboradores yacían el interés económico, la venganza personal, la voluntad de identificarse con los vencedores, o la convicción en los valores del Nuevo Estado. Los mensajes que, desde la prensa y la radio, animaban a denunciar, acabaron de decidirlos.

     Los múltiples procesos represivos activados por la dictadura franquista no pueden seguir analizándose sin contemplar la participación ciudadana en los mismos a través de mecanismos como las denuncias o las delaciones. Asumir que la represión y el control social se retroalimentaban bidireccionalmente desde arriba y desde abajo no ha de llevarnos a matizar la responsabilidad de las autoridades franquistas en los castigos sobre la población vencida, sino a incidir en la complejidad de estos procesos punitivos, ahondando en la cambiante relación entre el estado franquista y la sociedad civil, en buena parte “responsable moral” de la represión bélica y posbélica.

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Redactor: Gloria Román Ruiz

Licenciada en Historia e investigadora FPU en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, donde realizo mi tesis doctoral sobre vida cotidiana y aprendizaje democrático en el mundo rural andaluz durante el Franquismo y la Transición.

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