La Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta: Más allá de los mitos

Este artículo fue publicado originalmente en thesocialsciencepost.com

Escribe| Luque Reina

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Felipe V imponiendo el toisón de oro al Duque Berwick. Fuente.

La Guerra de Sucesión al trono de la Monarquía Hispánica o Católica, que no al Reino de España, y sus principales consecuencias jurídico-políticas para los Reinos de la Corona de Aragón es una historia, que pese a ser por todos conocida, guarda un gran atractivo. Esto es así a causa del uso, con intereses nacionalistas, que tradicionalmente se ha hecho del conflicto, lo que ha provocado que periódicamente, con cada crisis del modelo territorial del Estado (como es el caso actual) de una manera u otra vuelva a llamar la atención de la opinión pública. Me estoy refiriendo a la mitificación nacionalista recíproca y mutua, con la que se retroalimentan el nacionalismo catalán y el español. Tal es el sin sentido -a mi juicio- de las fundamentaciones nacionalistas, que han favorecido a crear un relato de los hechos que girando en torno a extremos argumentativos no del todo contradictorios entre sí se sitúa entre la consagración de un Estado-nación unificado a principios del siglo XVIII por un lado, y el secuestro de la identidad de un pueblo con unos valores democráticos adelantados a su tiempo, por otro. Esto es lo que yo veo en esa historia:

Corría el año de 1625 cuando el valido del penúltimo de los Austrias, el Conde-Duque de Olivares, aconsejaba a su Majestad en unos muy conocidos términos: “Tenga VM por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V.M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona…, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos Reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso del mundo”. No muchos años después, en 1640 todavía bajo el reinado de Felipe IV, una rebelión en el Principado de Cataluña, facilita la puesta en práctica del consejo del viejo valido. Sin embargo, el monarca sigue desoyendo la recomendación que le hiciera Don Baltasar, respetando el derecho catalán, pese a la voluntad manifiestamente separatista que según el profesor Tomás y Valiente dirigía el rumbo de los sublevados catalanes: “Lo que no hizo Felipe IV ante una rebelión separatista, lo llevó a cabo el primer rey de la dinastía Borbón tras una querella dinástica”[1].

El consejo del valido y la reflexión del erudito profesor nos guían hasta la siguiente ocasión en la que el primero se pudo volver a poner en práctica. La ocasión para materializar parte de la política del Conde-Duque tiene lugar tras la guerra desatada por la muerte de Carlos II sin descendencia, y la victoria alcanzada en ella por Felipe V: La que ha sido tradicionalmente denominada Guerra de Sucesión española debiendo ser de la Monarquía Hispánica.

Carlos II muere sin descendencia dejando testamento (“que establecía precisas condiciones de religión, integridad territorial e incolumnidad constitucional: para que se mantuvieran los mismos tribunales y formas de gobierno y muy especialmente se guarden las leyes y fueros de mis reinos”[2]) a favor de Felipe de Anjou. Este fue proclamado rey por las Cortes de Castilla de 1701. Jura también los fueros de Aragón y de Navarra y convoca las Cortes del Principado de Cataluña que llevaban un siglo sin convocarse. Podría parecer a primera vista, tras la concatenación de solemnes juramentos que lleva a cabo el joven Borbón en los principales reinos que componen la monarquía hispánica, que la maquinaria de legitimación tradicional estaba correctamente engrasada y no cabían conflictos de entidad. Mas como conocemos desde los niveles más elementales de nuestra formación, la problemática que acompaña a la muerte del último Austria y la entronización del primer Borbón desemboca en una guerra civil.

Los motivos que tradicionalmente se han esgrimido para explicar qué llevó a las Instituciones de la Corona de Aragón (dentro de esta sus diferentes reinos y el Principado Catalán) a apoyar la pretensión del Archiduque Carlos de Austria de acceder al trono son hoy día fuertemente puestos en cuestión. Es innegable que, en primer lugar, subyace el conflicto entre modelos de gobierno que podrían encarnar la figura de ambos pretendientes, lo que no debe contemplarse sin advertir que no son desde luego antagónicos, siendo como mucho dos concepciones matizadamente distintas de la monarquía[3]. Considero por tanto que la diferencia no tiene la entidad suficiente como para constituir el fundamento principal de una rebelión de las dimensiones de la que estamos analizando. Más bien me decanto por el auspicio y promoción de la candidatura Hagsburgo por parte de las potencias europeas con intereses en el conflicto, que desde 1703 cuando el archiduque es proclamado en Viena, y sobre todo con el espaldarazo definitivo del Pacto de Genova de 1705, favorecen la ruptura de la fidelidad para con Felipe V. Él último factor, nada desdeñable, que entiendo que debemos tener en cuenta en la búsqueda de sentido del conflicto dinástico entronca con el progresivo desarrollo de la burguesía mercantil catalana que se había venido produciendo en el S. XVII. Tiene sentido que las pretensiones de esta de seguir un cierto “modelo holandés” la acerquen a buscar el respaldo del Archiduque. Toda esta “dimensión internacional del conflicto” se desvanece cuando la muerte del sucesor al trono imperial, José I de Austria, coloca como principal heredero del mismo al Monarca Hispánico del bando aliado. Se produce en ese punto un reequilibrio de fuerzas que conduce a los Tratados de Paz de Utrecht de 1713. Felipe V es reconocido como rey a cambio de sus derechos de sucesión a la corona francesa, dejando estos pactos a lo que queda de bando austracista en un ámbito exclusivamente hispánico y tremendamente reducido territorialmente.

En fechas distintas según los avatares de la guerra, Felipe V promulgará una serie de Decretos que se conocerán como de Nueva Planta de las Reales Audiencias, por las novedades políticas y jurídicas que contienen. Dos meses después de la batalla de Almansa (1707), se promulga un primer decreto que afecta a los reinos de Valencia y Aragón, ya dominados militarmente. De contenido y formas rotundas, el primer Borbón hace saber a todos los reinos y sus habitadores que han perdido todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que “la tan liberal mano del monarca les había concedido”. Los elementos de fundamentación jurídica de este primer Decreto los esquematiza Garriga con el rigor que lo caracteriza: “a) la rebelión cometida, faltando al juramento de fidelidad prestado a su legítimo rey, privaba ipso facto a los reinos y todos sus habitadores de sus fueros, privilegios, exenciones y libertades; b) el dominio absoluto que tocaba al rey sobre los reinos, reforzado en la ocasión por el “justo derecho de la conquista” provocado por su rebelión; c) lasoberanía real, uno de cuyos principa­les atributos era la imposición y derogación de leyes”[4]. No obstante este despliegue argumentativo, la lógica tanto jurídica como fáctica nos muestra muy a las claras que el derecho de conquista es el principal de los fundamentos. Desde el punto de vista jurídico porque es la base que más congruentemente cabe dentro de la potestad jurisdiccional del Príncipe de la República, y desde el fáctico porque con los otros dos fundamentos también se podrían haber implementado nuevas plantas de gobierno y justicia en territorios como Navarra y las Provincias Vascongadas, que sin embargo no las recibieron.

Destacar el verdadero fundamento jurídico de la promulgación de los decretos no debe desviar nuestro punto de mira de la que desde el comienzo sabemos que es la principal finalidad perseguida por el establecimiento de la nueva planta, la unificación castellanizante: “…porque mi Real intención es que todo el continente de España se govierne por unas mismas leyes” proclama Felipe V. Lo que ocurre es que este empeño, se reveló en seguida sumamente problemático, “dada la imposibilidad de trasponer mediante un simple acto de voluntad imperati­va un orden jurídico e institucional que por constitutivamente tradicional no esta­ba enteramente formulado y sí profundamente enraizado en su territorio”[5].

No es hasta 1711, avanzada la contienda y comprobados los primeros puntos problemáticos de las medidas emprendidas, cuando Felipe V, con ocasión de la nueva planta para el gobierno de Aragón, rebaja la contundencia de las actuaciones, reservando la reforma a la parte puramente institucional en el sentido político. Y en estas nuevas condiciones otorga una nueva planta (una nueva organización) a la Audiencia de Zaragoza. Esta tendría (como la de Valencia) un comandante general como autoridad militar suprema, a cuyo cargo quedaría el gobierno militar, político y económico del reino. Se percibe la clara decisión de someter a una autoridad militar las nuevas instituciones del reino (las anteriores Cortes, Justicia Mayor y Generalidad, ya habían sido derogadas en 1707). La Audiencia constaría de dos salas, una de lo criminal y otra de lo civil; esta segunda, y aquí es donde recula este pronunciamiento con respecto al anterior, conforme a derecho propio –civil- aragonés. En este mismo sentido el profesor Garriga destaca que en el plano normativo, la incidencia de la nueva planta fue más desigual y mu­cho menos impactante que en el político, excepción hecha del reino de Valencia. No obstante, también es necesario destacar que, pese al mantenimiento de los derechos propios no contrarios a lo dispuesto por el decreto, la inexistencia de las instituciones propias en las que se conformaba el derecho del territorio deja considerablemente tarado e incompleto lo que se mantiene del orden anterior.

A través del Decreto que establece el nuevo régimen jurídico para Cataluña, formado por vía reservada el 9 de octubre de 1715 e incorporado en la Real Cédula de 16 de enero de 1716, Felipe V habiendo pacificado el Principado por medio de sus reales armas entendía que “tocaba a su Soberanía establecer” el gobierno, y a su “Paternal Dignidad, dar para en adelante, las más saludables providencias”. Para ello introduce también en Cataluña las principales instituciones castellanas que ya hemos comentado con ocasión del Decreto aragonés. A la cabeza de la Nueva Audiencia sitúa al Comandante/Capitán General, las principales Ciudades y Villas contarán con un Corregidor, y los Regidores se harán cargo del gobierno político y económico de las mismas. Otra fundamental novación tiene que ver con la imposición de la lengua castellana en la sustanciación de las causas en la Real Audiencia. Tal y como comentaba el profesor Garriga respecto del Decreto de 1711, la erosión en el plano político institucional es muy superior a la del normativo. En este mismo sentido el profesor Tomás y Valiente entiende que quedan conservados a partir de entonces el Derecho civil, el penal, y el mercantil (este último expresamente señalado por el Rey al manifestar que era su voluntad que el Consulado de la Mar permaneciera “para que florezca el comercio, y logre el mayor beneficio del País”). Otra cuestión que es importante destacar es que el mismo Decreto establece que las Constituciones de Cataluña no derogadas se entiende que “son de nuevo establecidas por este Decreto”, lo que en la práctica suponía articular una suerte de híbrido entre la novación castellana impuesta y la tradición catalana revalidada, que además seguía en la línea de ensalzar y reafirmar la soberanía del rey.

Hasta este punto llega esta nueva exposición del conflicto tantas veces contado, enarbolado y blandido de una parte y otra para tratar de dar sustento a una determinada posición nacionalista. Solo me queda reseñar, ya en líneas conclusivas, que con los Decretos de Nueva Planta lo que se produce es una castellanización de las instituciones de gobierno político y judicial de los Reinos que conformaban la Corona de Aragón. En ningún caso una españolización en el sentido de unificación y consagración de un Estado español, entre otras cosas porque ni existía España, ni existían los Estados.

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Bibliografía|

[1] Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho español. Ed. Tecnos, Madrid, 1981, p. 371.

[2] Carlos GARRIGA, “Los derechos propios de los reinos hispánicos” en Marta LORENTE y Jesús VALLEJO (coords.), Manual de Historia del Derecho. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 214.

[3] Carlos GARRIGA, “Los derechos propios de los reinos hispánicos” en Marta LORENTE y Jesús VALLEJO (coords.), Manual de Historia del Derecho. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 215.

[4] Ibid., p. 216.

[5] Ibis., p. 216-217.

Redactor: The Social Science Post

Escribe thesocialsciencepost.com en colaboración con Témpora Magazine. "Acercar los sesudos estudios doctrinales, clarificar lo aparentemente ininteligible para unos pocos doctos, y acercarlo a la divulgación y al conocimiento general, desde una perspectiva crítica y a la vez lo suficientemente rigurosa, se convierte así en nuestra principal tarea."

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