España y Cataluña: La suspensión de la Autonomía en II República

Este artículo fue publicado originalmente en thesocialsciencepost.com

Escribe| Enrique Roldán Cañizares

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta catalana del 9 de Noviembre y la determinación de la Generalitat de Cataluña de seguir adelante con la consulta soberana, supuso la llegada de un panorama político cuanto menos delicado. Sobre las mentes de algunos políticos españoles planeó la idea de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, lo que podría haber conllevado la suspensión de la autonomía catalana. No es la primera vez que Cataluña ha desafiado al Estado español. De hecho, el último conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central (si obviamos los sucesos de mayo de 1937 en plena guerra civil española) condujo a la suspensión de la autonomía de Cataluña.

Para analizar dicho antecedente histórico debemos remontarnos a la II República y en concreto al año 1934, cuando Alejandro Lerroux, del Partido Radical, ostentaba la presidencia del gobierno con el apoyo de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). En un contexto en el que el Gobierno apostaba por una rectificación en lo referente a la autonomía catalana y a la futura autonomía de País Vasco, el Gobierno de la Generalitat, presidido por Lluis Companys decidió aprobar la Ley de Contratos de Cultivo. Dicha ley puede considerarse como una reforma agraria adaptada a las peculiaridades de Cataluña, donde existían unos 70.000 campesinos arrendatarios, conocidos popularmente como rabasaires. La nueva ley de la Generalitat establecía que dichos campesinos podrían acceder a la propiedad de las tierras en el caso de que las hubiesen trabajado de forma ininterrumpida durante 18 años.

La Ley de Contratos de Cultivo condujo a la indignación de los propietarios afectados por la medida, los cuales, a través de la derecha catalana en estrecha colaboración con la derecha centralista, recurrieron la norma al Tribunal de Garantías Constitucionales (el Tribunal Constitucional de la II República) basándose en la falta de competencia de laGeneralitat para legislar sobre la materia. El Tribunal, que había celebrado recientemente elecciones a las vocalías del mismo, había visto modificada la posición ideológica de la mayoría de sus miembros, por lo que no fue ninguna sorpresa que en junio de 1934, tras trece votos favorables y diez contrarios, se derogase la totalidad de la ley.

La respuesta de la Generalitat de Cataluña fue la aprobación de una nueva ley con idéntico contenido a la anterior. En este contexto, tras la salida de Lerroux del Gobierno y la llegada de Samper, Alcalá – Zamora (Presidente de la República), intervino para alcanzar un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central con el objetivo de evitar una nueva impugnación en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Dicho acuerdo se alcanzó mediante la introducción por parte del legislativo catalán de algunas enmiendas, sin embargo, la constitución de un nuevo ejecutivo encabezado nuevamente por Lerroux en el que por primera vez se daba entrada a tres ministros de la CEDA, hizo que el acuerdo saltase por los aires.

La formación de este nuevo gobierno produjo la convocatoria de una huelga general que se convertiría en el punto de partida de la revolución socialista – comunista que tuvo su máximo auge en Asturias. En Cataluña, por su parte, varias organizaciones sindicales convocaron la huelga, además de hacer dos peticiones a la Generalitat: la entrega de armas y la proclamación de la República Catalana. Companys se negó al primero de los requerimientos, sin embargo, el 6 de octubre hizo aparición en el balcón de la Generalitaty proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española, al mismo tiempo que invitaba a constituir un Gobierno republicano provisional en Barcelona, lejos de aquellos que ocupaban el gobierno central, que según Companys eran fuerzas monárquicas y fascistas que en su intento de traicionar a la República habían asaltado el poder.

república

Ilustración original realizada por Adrián Busto Ramo para The Social Science Post.

Es curioso resaltar el hecho de que dicha proclamación no fue un acto secesionista, ya que se proclamó el Estado Catalán dentro de una República Federal Española. Sin embargo, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, y tras la declaración del Estado de Guerra, la utilización de fuerzas militares y unas escasas doce horas de tiroteos en Barcelona y algunas otras ciudades como Badalona, Granollers y Terrasa, Companys ordenó la rendición, evitando lo que podía haber sido un derramamiento de sangre mayor. Companys sería condenado a treinta años de cárcel y otros miembros del gobierno catalán corrieron parecida suerte. No obstante, éstos se beneficiarían de la amnistía concedida tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 y no cumplirían más de 17 meses de condena.

Si la respuesta del Gobierno central fue inmediata desde el punto de vista de la intervención militar, la respuesta legal llegaría algunos meses después. El 3 de enero 1935 fue publicada una Ley que establecía la suspensión de las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalitat. Dichas facultades quedarían en suspenso hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, acordase el restablecimiento gradual del régimen autonómico. Del mismo modo, se decretaba la asunción de todas las funciones correspondientes al Presidente de la Generalitat por un Gobernador general que sería nombrado por el Gobierno,. Finalmente, se añadía la futura creación de una Comisión que se encargaría de constatar en un plazo de tres meses qué facultades propias de la Generalitat deberían ser devueltas al Gobierno central y cuales podrían subsistir.

Esta Ley supuso la clausura del Parlamento catalán, la suspensión del Estatuto y la conversión de la Generalitat de Cataluña en un organismo sin capacidad alguna. Tras el levantamiento del Estado de Guerra en abril de 1935, algunas competencias fueron devueltas a la Generalitat y se formó un desdibujado Gobierno, cuyos miembros fueron acusados de ser cómplices de la pérdida de autonomía. Fue en este contexto cuando Martínez Domingo, el que era vicepresidente del cuasi defenestrado Parlamento catalán, impugnó el 29 de noviembre de 1935 ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la ley que vino a suspender la autonomía de Cataluña.

El recurso interpuesto ante el Tribunal de Garantías Constitucionales alegaba que la Ley incurría en una inconstitucionalidad informal, por no haberse realizado de la forma prescrita en el artículo 15 del Estatuto Catalán (dicho artículo establecía que todos los conflictos de jurisdicción entre Cataluña y el Gobierno central serían resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales), y en una inconstitucionalidad material, por privar al Parlamento Catalán de sus facultades. La decisión del Tribunal no tardó en llegar (aunque no tanto como la respuesta del actual Tribunal Constitucional ante la consulta catalana), y el 5 de marzo de 1936 dictó sentencia.

Partiendo de los sucesos de 1934 quebrantaron los supuestos sobre los que se basaba el régimen autonómico y entendiendo que el respeto al principio autonómico y las exigencias impuestas por el interés nacional debían ser armonizados, el Tribunal consideró que la suspensión del régimen autonómico que la ley establecía podría derivar en la práctica derogación del Estatuto. Pero el quid de la cuestión recaía en el gradual restablecimiento de las competencias autonómicas ya que, a ojos del Tribunal, el régimen autonómico debía ser entendido como un todo, y no como una serie de normas que de forma separada pudieran fraccionarse o revocarse. Debido a ello, el Tribunal de Garantías Constitucionales consideró que el desglose del contenido de las autonomías regionales en leyes o mandatos particulares, era claramente inconstitucional. De este modo, y a pesar de que se desestimase la inconstitucionalidad formal alegada por los recurrentes, se apreció la inconstitucionalidad material de la ley de 2 de enero de 1935, lo que se tradujo en la plena recuperación de competencias por parte de la Generalitat.

Tras la cuasi consulta celebrado el 9-N en Cataluña se ha abierto un nuevo panorama político. El papel que desempeñe Esquerra Republicana será decisivo, al igual que lo fue durante la II República. La posibilidad de adelantar las elecciones y comprobar el verdadero impulso del independentismo catalán puede ser una baza importante por parte de la corriente nacionalista, que como ya hiciese Companys en 1934, volverá a echar un pulso al Gobierno Central.

Bibliografía|

BASSOLS COMA, M., La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981

DE LA GRANJA, José Luis et al., La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, Editorial Síntesis, 2001

MUNIESA, Bernat, La burguesía catalana ante la II República Española, Barcelona, Anthropos, 1985

RUIZ, David, Octubre de 1934. Revolución en la República Española, Madrid, Editorial Síntesis, 2008.

SERRANO PACHECO, José, Leyes Políticas de España, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra S.A., 1935.

Redactor: The Social Science Post

Escribe thesocialsciencepost.com en colaboración con Témpora Magazine. "Acercar los sesudos estudios doctrinales, clarificar lo aparentemente ininteligible para unos pocos doctos, y acercarlo a la divulgación y al conocimiento general, desde una perspectiva crítica y a la vez lo suficientemente rigurosa, se convierte así en nuestra principal tarea."

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