Historia de los gitanos (IV). El debate entre su ‘integración’ y su ‘eliminación’

Como hemos ido viendo en anteriores artículos, repetidas disposiciones legales persiguen la extinción de los gitanos, a los que se les prohíbe hacer uso de todo particularismo y poseer ganado, a la vez que se les impone la labranza de la tierra como único oficio permitido y se les asignan diferentes emplazamientos para su localización.

A lo largo del siglo XVI, la condición de gitano se equipara a la de delincuente. A este respecto, es particularmente llamativo que en casi todas las órdenes de captura se dirigen contra “ladrones, vagabundos, rufianes, gitanos y otros”, so pretexto de extirpar “este género de gente tan dañina y perjudicial”. Durante el siglo XVII y comienzos de la siguiente centuria, hubieron de hacer frente a nuevas acusaciones que señalaban su particularismo no cristiano.

Todo ello dará como resultado una imagen estereotipada, ampliamente extendida y aceptada en el siglo XVIII, que muestra al gitano como un grave  peligro para el Estado al no ser considerados ciudadanos de una sociedad razonable e ilustrada. Así pues, el que vagase de aquí a allá o aquel que no tuviese oficio reconocido, era considerado como gitano.

Entre partidarios de la sedentarización y de la expulsión

El 19 de marzo de 1594, Don Jerónimo de Salamanca y Don Martín de Porras, procuradores de Burgos, presentaron en las Cortes de Madrid un proyecto con el fin de dar solución final al problema gitano. Primeramente, se deberían apartar a hombres y mujeres, enviados a provincias distintas y lejanas entre sí, y evitar que usasen sus hábitos y lengua. Seguidamente, se les retiraría a los hijos. Por último, se les prohibiría casarse entre ellos. Siguiendo estas indicaciones, el objetivo de su extinción se conseguiría en apenas una generación.

Sin embargo, el proyecto no salió adelante tras ser sometido a votación el día 22 de aquel mes. Pasó entonces la tarea del estudio de la problemática gitana a manos de una comisión formada por Juan Vaca de Herrera y Hernando Arias de Saavedra; empero, los miembros de las Cortes continuaron divididos entre los partidarios de la expulsión general y los de la sedentarización forzosa.

En 1609 comenzaba la expulsión de los moriscos, operación que concluyó definitivamente en 1613. En esta guisa, el duque de Lerma encargó al Consejo de Estado estudiar la posibilidad de eliminar a los gitanos siguiendo el mismo método, considerando además que muchos de éstos se habían unido a los gitanos para evitar la expulsión. Estimando que los gitanos constituían un perjuicio aún mayor que el de los moriscos, quienes al menos labraban la tierra, el Consejo optó por su expulsión, frenada aún por la operación contra los últimos moriscos de Murcia.

Pintura que representa a los moriscos. Fuente

Pintura que representa a los moriscos. Fuente

Fue en 1615 y 1617, con las Cortes reunidas nuevamente, cuando numerosos miembros volvieron a pedir el destierro de los gitanos, desechando la idea de fijarlos en aquellas tierras que habían quedado desocupadas tras la expulsión de los moriscos. En 1618, Pedro Salazar de Mendoza redactó el primer discurso destinado a obtener del rey la orden de destierro de los gitanos, a los que consideraba ladrones, asesinos y sacrílegos. Al año siguiente, Sancho de Moncada hizo lo propio tachándolos de brujos, herejes, paganos e idólatras y, para 1631, Juan de Quiñones seguía con este discurso desvirtuador, cuyo objetivo era hacer ver que la expulsión de los gitanos era el único medio para deshacerse de los males que provocaban.

Fue en este contexto cuando Felipe IV decretó, en 1633, la prohibición del uso del nombre de gitanos, pasando éste a formar parte de una secta conformada por malhechores y herejes. Por entonces, los memoriales se encarnizaban con los gitanos, insistiendo menos en los delitos que procuran medios de existencia (como los robos, las estafas o la mendicidad) que en la intolerable libertad de costumbres que los mantenía en la lujuria y viviendo sin rendir cuentas ni a la Iglesia ni a la justicia. Hubo, no obstante, voces discordantes contra las medidas adoptadas contra los gitanos. Fue el caso de Don Gaspar de Bracamonte, quien señaló en 1639 el efecto negativo “que han obrado tantas leyes y pragmáticas (…) que sólo han servido de hacerlos más perversos, con la desconfianza, obligándolos con la persecución que padecen en los pueblos a que se retiren a los montes”.

El gitano llegó al siglo de las luces siendo visto como una fuerza productiva gratuita y perseguido por sus particularismos. Pero en el nuevo contexto dieciochesco, donde la política de los Borbones y sus ministros ilustrados amenazaban las propiedades nobiliarias y eclesiásticas, el gitano fue considerado también como soporte de la cultura de los viejos nobles y frailes en tanto que luchadores contra la administración ilustrada. Junto a la imagen de vagabundo y bandido errante, el gitano era también aquel que se asentó y que desempeñó sus oficios tradicionales (herreros, canasteros, esquiladores, carniceros…), unos trabajos que, por otra parte, eran considerados viles.

Fue también en el siglo XVIII cuando la acción de los agentes de la justicia se volvió más efectiva. En 1717, Felipe V dispuso un total de cuarenta y una poblaciones en las que debían instalarse los gitanos; en mayo de aquel año aumentó aún más los posibles lugares de destino, a los que se debían dirigir antes de cuatro meses so pena de ocho años de galeras, doscientos azotes y destierro. La cantidad de poblaciones permitidas para que habitasen los gitanos fue creciendo paulatinamente hasta que Fernando VI dispuso libertad de elección de domicilio para los gitanos, siempre y cuando llevasen fijos en el lugar al menos diez años.

4.2. La Gran Redada de Gitanos de 1749

Con buena parte de los gitanos bajo el control de las justicias y autoridades locales, la nueva dinastía asentada firmemente en el trono y la vuelta de los ejércitos españoles al territorio peninsular, la cuestión gitana va a cobrar un cariz dramático.

Casi a la par que llegaba al trono Fernando VI, hacía lo propio en el Consejo el antigitanista Gaspar Vázquez de Tablada, obispo de Oviedo, que llegó a su presidencia en agosto de 1746. Él fue el ideólogo de la operación, que contó con la colaboración del irlandés Bernardo Word, quién trabajó también en los planes económicos de los Borbones y que proponía el deber de socorrer a los verdaderos pobres y castigar a los vagos y ociosos.

Para abril de 1748, un documento pontificio permitía al Nuncio delegar en sus obispos la libertad de acción en sus diócesis respecto de los gitanos que buscasen refugio en sagrado. Fue entonces cuando Vázquez de Tablada ideó la aprehensión de todos los gitanos; se confeccionó una relación que hizo constar la existencia de 881 familias gitanas establecidas en 54 de las 75 poblaciones habilitadas más un número impreciso de familias que vivían en lugares no habilitados pero demostrando una vecindad de antigüedad superior a una década. En un principio, el obispo gobernador planeó repartir a las gitanas con sus hijos menores de doce años en unos depósitos (mezcla de cárcel, cuartel y fábrica), estableciendo “una para las Andalucías; otra para Extremadura, Mancha y Murcia; y la tercera para Castilla y reinos de la Corona de Aragón, que es donde habita el menor número”. Por su parte, los varones menores entre doce y quince años aprenderían oficios útiles o serían remitidos a la Armada, mientras que los mayores irían a las atarazanas de los presidios de África; en último lugar, los mayores de cincuenta años desempeñarían oficios adecuados a su robustez, en pueblos grandes y bajo fuerte vigilancia. Aquellos que cayesen enfermos o se volvieran incapacitados, pasarían a hospitales y asilos hasta su muerte.

Cadena de presos. Fuente

Cadena de presos. Fuente

La operación de la Prisión General se propuso para la noche del 30 al 31 de julio de 1749, coincidiendo con las festividades de Santa Ana, muy populosas en Triana y a las que se estimaba que acudirían un gran número de familias gitanas. Hay que señalar que el éxito de la redada debe atribuirse a la minuciosa estrategia bélica de la que participó el ejército, que bajo la cadena de mando hizo último responsables a las autoridades locales, en lo que se refiere a la aprehensión de los gitanos, a su traslado y al costeo de la operación. La composición de las diferentes partidas militares y de la distinta graduación de sus jefes vino dada por el número de gitanos a apresar en cada población.

Las intrigas palaciegas precipitaron el cese de Vázquez de Tablada el 10 de agosto de 1749; apenas dos días después, el marqués de la Ensenada hizo propia la operación ideada por el obispo y dio instrucciones de subastar los bienes de los gitanos apresados con el fin de costear la operación y de mantener a los propios gitanos. Además, trató de generalizar la redada incluso contra aquellos a los que el Consejo eximió de cumplir condena, para lo que se tenía en cuenta el arraigo vecinal y el oficio conocido.

El marqués de la Ensenada formó una reducida junta el 7 de septiembre de 1749 con el objetivo de estudiar ciertos puntos tocantes a los gitanos apresados. El informe resultante de los consejeros, entregado el día 20, diferenciaba entre gitanos buenos y malos. En el primer grupo encontramos a los casados por la Iglesia o los que contaban con provisiones del Consejo o declaraciones formales de no ser gitanos y/o conforme a las Reales Pragmáticas. La segunda categoría se reserva para aquellos que, incluso contando con ejecutorias del Consejo, eran delincuentes, incumplidores y perniciosos, para los que se propuso la condena de trabajos forzosos. Por su parte, se prometió el indulto a todos aquellos que huyeron de sus domicilios para evitar caer presos la noche de la Gran Redada, siempre y cuando se presentasen ante las justicias en un plazo máximo de 30 días.

En fin, para el 10 de enero de 1750, los arrestados de diversas poblaciones, como es el caso de los de Orihuela, habían recuperado su libertad, mientras que a Sevilla comenzaron a llegar otros presos liberados. No obstante, los últimos desgraciados no regresarán a su hogar o, mejor expresado, al lugar fijado por ley para su residencia, hasta 1765.

4.3. Por el camino del indulto y la ciudadanía

Tras la subida al trono de Carlos III en 1759, prontamente se tenderá a tratar de dar una solución eficiente y definitiva a la cuestión gitana, al menos en el marco legal. Esto se dejó notar en la elaboración de voluminosos informes, caso de Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, o de Lope de Sierra Cienfuegos.

Campomanes, que publicó su informe en octubre de 1763, se oponía a la liberación de los gitanos que permanecían aún en los arsenales y, más aún, apuntaba que lo más conveniente sería encerrar a todos aquellos sedentarios de los que pudiera sacarse algún provecho. Ideaba para los refractarios enviarlos a América junto con las muchachas menores de dieciséis años, donde se confundirían con los indígenas, mientras que a los inválidos se les encerraría en hospitales entonces inutilizados.

Sierra Cienfuegos, en su informe publicado en febrero de 1764, se mostró partidario de la diseminación de los gitanos sedentarios y de los que aún no habían recuperado su libertad en pequeños poblados (a razón de una familia por localidad), así como de la prohibición de sus desplazamientos, previendo su absorción por el medio y, sobre todo, su extinción por aislamiento. Para los gitanos vagabundos reclamó la pena de muerte en virtud de los decretos de 1745 y 1749. Por su parte, ideaba destinar a las mujeres a hospicios y casas de beneficencia, mientras que los niños, a partir de los doce años, serían alistados en la Marina.

En mayo de 1766 entró en escena Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, quien, como presidente del Consejo de Castilla, encomendó a Campomanes la formación de un expediente sobre la cuestión gitana. El proyecto tardó un lustro en ser votado definitivamente en el Consejo y, en esencia, supuso una simbiosis de los dos anteriores. Tras su aprobación, el Consejo encargó a Campomanes y a Pedro Valiente la elaboración de un informe completo que llegó a contener un proyecto de pragmática sanción.

Campomanes y Valiente, fieles al espíritu universalitas de la Ilustración, se inclinaban por la uniformización de la masa popular. Esto les llevó, por una parte, a condenar el particularismo gitano, su lengua, sus hábitos y sus costumbres; nuevamente, la Pragmática de 1783 prohibirá la voz ‘gitano’ al considerar que “los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza”. Pero también condujo a una lucha contra el desprecio y el ostracismo que los gitanos sufrían a todos los niveles, lo que se tradujo en la autorización de todos los oficios permitidos a los demás españoles [1] y la posibilidad de acceder a cargos civiles abiertos a todos los contribuyentes. Respecto de los contraventores, se inclinaban por la aplicación de la marca del hierro candente y, contra los más contumaces, de la pena de muerte.

El proyecto Campomanes-Valiente previó una amnistía para aquellos que quisieran cambiar su modo de vida, su atuendo y que buscasen elegir oficio y vivienda; para ello, deberían expresar tal deseo en el tribunal más cercano en los siguientes sesenta días desde la publicación de la ley y que la Pragmática elevará a noventa. Ésta se firmó finalmente el 19 de septiembre de 1783, algo más de dos semanas después de la firma del Tratado de Versalles, el cual puso fin a la guerra iniciada contra Inglaterra en 1779.

Realmente, en la Pragmática apenas quedaba nada de las propuestas de Campomanes ni Cienfuegos, salvo la alusión a la pena de muerte para los contumaces. Igualmente, las ideas del conde de Aranda quedaron apartadas en su conjunto o muy matizadas por el propio Carlos III. El anhelo del propio monarca por ver a los gitanos dispersos en residencias vigiladas y bien distantes entre sí apenas tuvo eco y se limitó para con los niños cuyos padres habían sido condenados y encarcelados.

Tras la publicación de la Pragmática, el Consejo pidió las opiniones de los tribunales de Zaragoza, Barcelona y Valencia con el fin de hacer extensible la ley al conjunto de España, pues la materia de los gitanos continuaba aún sin estar unificada. Los magistrados de las tres circunscripciones aprobaron de forma unánime el espíritu de la reforma, si bien la mayoría de medidas sugeridas durante los siguientes cuatro años por los corresponsales del Consejo constituyeron una suerte de vuelta atrás limitaciones para elegir residencias y oficios, diversas prohibiciones, separación de padres e hijos, agravamiento de las sanciones, permanente control policial, arrestos arbitrarios…

Aunque en teoría siguió vigente hasta 1878, la aplicación eficaz de la Pragmática de 1783 duró apenas cinco años, muriendo junto con el monarca Carlos III en 1788.

Conclusiones

De elemento extranjero y exótico a fuente de buena parte de los males que asolaron la sociedad peninsular en los siglos modernos. Desde 1499, el discurso oficial desde las instituciones del Estado vino a condenar al gitano, sus costumbres, su vida errante, su lengua, sus vestimentas, sus oficios y sus particularidades. Equiparados jurídicamente a los ladrones, vagabundos y rufianes, a los cuales había que perseguir y exterminar, servirán forzadamente como mano de obra gratuita en empleos no cualificados, bien como galeotes, bien en las minas de Almadén, bien en los arsenales de la Marina.

El siglo XVIII será testigo de una persecución cada vez más encarnizada de los gitanos, buscando activamente su exterminio sin renunciar al utilitarismo de sus condenas. No será hasta la Pragmática de 1783 cuando, de iure, sean considerados como ciudadanos, para lo cual, paradójicamente, habrían de renunciar a su patria pequeña y a su profunda identidad.


[1] El texto de 1772 salva el desempeño del oficio de esquilador. La Pragmática de 1783 añade en su artículo 8 el de tráfico de ganado en mercados ni feria y la explotación de ventas en los caminos. Tampoco se les permitió el acceso al ejército ni la marina.

Bibliografía|

BENNASSAR, BARTOLOMÉ, “Historia Moderna”, Madrid: Akal, 2005.

GÓMEZ ALFARO, ANTONIO, “La gran redada de gitanos. España: la prisión general de gitanos en 1749”, Madrid: Presencia Gitana, 1993.

LEBLON, BERNARD, “Los gitanos de España“, Barcelona: Gedisa, 2001.

MESTRE SANCHÍS, ANTONIO, y otros, “La cultura española en la Edad Moderna”, Madrid: Istmo, 2004.

SÁNCHEZ ORTEGA, MARÍA HELENA, “Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII”, Madrid: Nacional, 1977.

ZOIDO NARANJO, ANTONIO, “La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco”, Mairena del Aljarafe (Sevilla): Portada, 1999.

Obras impresas|

Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805.

Webgrafía|

Legislación Histórica de España [base de datos en línea], 4ª ed., Julio 2010. Enlace web: http://www.mcu.es/archivos/lhe/

Redactor: Daniel Rodas León

Graduado en Historia y titulado en el MAES por la US, aficionado paleógrafo e interesado en la historia de las mentalidades y la social, especialmente de los marginados.

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