Historia de los gitanos (III). El utilitarismo en la condena del gitano

El siglo XVI es testigo de la aparición de los Estados Modernos en Europa, los cuales se caracterizan por el aumento y reforzamiento de la autoridad y jurisdicción de los reyes sobre los súbditos y territorios de la Corona. Bajo la idea de que el Estado podía utilizar gratuitamente la energía del trabajo de los presidiarios para sus propios intereses, vuelve a la escena europea el trabajo penal. Más allá de las condenas a destierros, azotes o vergüenza pública, pasaremos a analizar en el presente artículo aquellas penas que para la Monarquía Hispánica fueron, además de las más recurridas, las más utilitarias; nos referimos a los trabajos en las galeras reales, en las minas de Almadén y, posteriormente, en los arsenales de la marina.

La pena de Galeras

Asegurar la defensa de las costas meridionales de la Península y de las posesiones mediterráneas fue una necesidad constante a lo largo del siglo XVI para los monarcas españoles. Para ello era preciso mantener escuadras de galeras en el Mediterráneo y, con ellas, una gran cantidad de galeotes. Dado que el trabajo era duro y la remuneración escasa, los remeros voluntarios habían desaparecido casi por completo antes de terminar el propio siglo XVI; no obstante, la introducción de la servidumbre penal como forma alternativa al castigo corporal provocó que los condenados a penas capitales fuesen a suplir esos huecos.

Comprobado el fracaso en la aplicación de la Pragmática de 1499 (véanse los artículos anteriores, I y II), Carlos I dictó en Toledo su reforma en el año de 1539, la cual fue aplicada en Castilla desde aquel año y, hacia 1550, en todo el territorio peninsular. Lo que buscaba el emperador era dar un giro utilitarista a la condena aplicable a los gitanos, pues desde ahora los jueces podían conmutarles ciertas penas como las mutilaciones de miembros o destierros perpetuos por servicios a galeras de duración superior a dos años.

Felipe II confirmó dicha reforma en la misma ciudad a 11 de septiembre de 1560[1]. Bajo su reinado, la pena a galeras se fue ampliando paulatinamente, llegando a ser la más extendida en la Península a finales de siglo, pues cada vez era más frecuente aplicarla a todos los gitanos o a aquellos que vistiesen sus ropas, a los vagabundos, ladrones o blasfemos entre otros, por periodos de dos, cuatro u ocho años e incluso a perpetuidad.

En mayo de 1571, con el fin de obtener brazos para el remo en la preparación de lo que sería la batalla de Lepanto, la Chancillería de Granada expide una Real Cédula en la cual se pide premura en la resolución de los expedientes pendientes por resolver de aquellos gitanos condenados a galeras. Se estiman unos doscientos gitanos apresados tras la expedición de dicha Cédula, pasando los filtros de aptitud un total de setenta y siete hombres.

Más aún, en virtud de la Real Cédula de 19 de diciembre de 1572 se instaba a enviar a todos los forzados de los reinos y cárceles como remeros en las galeras reales. Contra los gitanos se ordenó taxativamente que las justicias procurasen “con gran diligencia prender y tener a buen recaudo los que en su jurisdicción y distrito hallaren”[2], lo que condujo a una indiscriminada caza de gitanos. Mientras que a los vecinos se les destinó como buenas boyas, los que no pudieron demostrar domicilio fijo fueron en calidad de galeotes, quedando si acaso al margen los no aptos para poder servir a la causa (mujeres, jóvenes, ancianos y lisiados) sin que, por su parte, se dispusieran medidas contra ellos. El número de retenidos debió desbordar las expectativas del mismísimo D. Juan de Austria, quien escribió en abril de 1575 al Marqués de Santa Cruz que entre las 15 galeras que partieron de Cartagena hacia Málaga:

“Hay un número de gitanos que fueron traídos a ellas ahora ha dos años y no por delitos que hubiesen cometido, sino por la necesidad que había de gente para el remo”[3].

La batalla de Lepanto según Andries van Eertvelt (1590-1652). Fuente.

La batalla de Lepanto según Andries van Eertvelt (1590-1652). Fuente

Se entiende así que la política mediterránea de los monarcas hispánicos influyese en el número de condenas a galeras que impusieron los jueces, anteponiendo los intereses coyunturales de la Corona a la estricta administración de la justicia; en esta línea, en 1639 se expidió otra orden de arresto contra todos los gitanos dada la falta de mano de obra en las galeras reales, quienes llegaron a suponer entre el 3% y el 10% del banco de remos de la Armada de los Austrias según Manuel Martínez. Por su parte, la Corona puso especial énfasis en no conceder la libertad ni indultar a los galeotes que, en caso de ser declarados inútiles por los capitanes generales de las galeras, eran condenados, por lo general, a varios años de destierro. Aunque la pena siempre podía ser pagada con una cuantiosa suma de dinero, las necesidades de los Habsburgo se acabaron imponiendo y la exigencia de una armada poderosa, en la que los remeros escaseaban, obligó a retener en las galeras a personas que habían cumplido su condena judicial. Y es que la importancia de los condenados para el funcionamiento de la marina fue vital, como nos muestran los datos referidos por José Luis de las Heras Santos, quien estima que un 73% de los remeros fueron forzados, un 7% buenas boyas y, el resto, esclavos.

El empleo de las galeras fue disminuyendo según avanzaba el siglo XVIII y, en noviembre de 1748, Felipe V decretó sus desguaces.

La condena a las minas de Almadén

Como ocurrió en las galeras, la escasez de la mano de obra en las minas de Almadén supuso un problema constante. De hecho, hubo continuas disputas por ver si los condenados a galeras irían finalmente a los navíos o bien a las minas de azogue; es sonado el caso de Mateo Alemán quien, llegando en 1588 como juez visitador, se extrañaba al encontrar a catorce galeotes, tres de ellos gitanos. Fue Carlos I quien puso a explotar estas minas en manos de los Fuckart, quienes las devolvieron al Estado a finales del siglo XVII, pasando su regencia a manos del Consejo de Indias en 1717.

Los primeros convictos de la Corona en trabajar en las minas lo hicieron a partir de 1566, poniéndose bajo disposición de los propios Fuckart. Si bien su número fue aumentando paulatinamente y en función de las necesidades de producción de azogue, se desconoce la proporción de gitanos con respecto al resto de condenados en Almadén, aunque se estima que su presencia se iniciaría en fechas tempranas y que fue constante aún durante los dos siglos siguientes.

En el siglo XVIII, cuando se tuvo decidida conciencia de extirpar el mal gitano, Diego de Cárdenas, brigadier del Puerto de Santa María, dio la orden en 1745 de apresar a 43 hombres y 32 mujeres, todos ellos gitanos, cuyo destino común fue las minas de Almadén, mientras que a los inútiles se les envió a los presidios africanos. Los apresados de entonces, que habían de cumplir condenas de cuatro años, siguieron retenidos al ser considerados gitanos malos; los supervivientes no se librarían hasta veinte años después gracias al indulto general de 1763. Aún con todo, la condena a las minas de Almadén no se abolió definitivamente hasta 1799.

Fragmento de la obra 'El nacimiento de San Juan' de Vallejo Cosida en la que nos muestra a una madre gitana con su bebé (siglo XVI). Fuente.

Fragmento de la obra ‘El nacimiento de San Juan’ de Vallejo Cosida en la que nos muestra a una madre gitana con su bebé (siglo XVI). Fuente

Los trabajos forzosos en los arsenales

La condena a trabajos forzosos en los arsenales de la marina es una pena puramente dieciochesca, cuya aplicación tras la Gran Redada de 1749 (de la que hablaremos en el siguiente artículo) cobró amplias magnitudes. A los arsenales, estacionados en La Carraca (Cádiz), Cartagena y El Ferrol, irán a dar los huesos de los condenados cuya ocupación forzosa estaba relacionada con trabajos navales no cualificados, a lo que prontamente se opuso el secretario de Marina al prever retrasos en las obras y ante la falta de alojamientos seguros.

Tras la operación de 1749, numerosos gitanos carmonenses y de otros puntos de Sevilla fueron enviados a La Carraca, donde estalló una revuelta que las autoridades contuvieron rápidamente y tras la que algunos presos fueron trasladados al Ferros para el trabajo de los diques, donde ya había gitanos de procedentes de otras zonas geográficas. Los gitanos de Orihuela, que vivían plenamente integrados y carecían de motivos para desconfiar del llamamiento hecho por las autoridades en 1749, acudieron voluntariamente a la Justicia, ignorantes de su fatal destino: los hombres fueron enviados al arsenal de Cartagena, mientras que a las mujeres y los niños se les clausuró en un viejo convento agustino extramuros de Valencia. El mismo destino aguardaba a los gitanos de Murcia, Cuenca, la Alcarria, la Macha, Toledo y Madrid. y de los noventa gitanos detenidos en Madrid. En Cartagena, los gitanos quedaron instalados en las galeras, que debían ser desguazadas; la tarde del 28 de agosto de 1750 trataron de fugarse 16 personas, aunque sólo una lograría escapar.

Por su parte, los responsables de los arsenales apremiaban por la rapidez de la resolución de los expedientes de gitanos, persiguiendo desembarazarse de la numerosa población reclusa. Por ejemplo, el gobernador de La Carraca se quejaba, el 28 de diciembre de 1749, por el hecho de que allí siguieran 645 gitanos de los 1193 recibidos en agosto y septiembre de aquel año.

A medida que algunos gitanos presos iban recobrando su libertad, se fueron solicitando desde Cartagena y La Carraca instrucciones precisas para saber qué hacer con los memoriales que aquellos presentaban y para conocer si las informaciones secretas puestas en marcha en 1749 tenían vigencia años después. El secretario de Marina, tomando como propia la idea del obispo de Cartagena y gobernador del Consejo, ordenó en 23 de agosto de 1757 que se retuviese a los gitanos y no se les admitiesen recursos.

El fin de la Gran Prisión de gitanos que empezara en 1749 y la abolición de los trabajos forzados en los arsenales tiene su origen de la carta que Don Francisco Núñez Ibáñez escribió el 12 de agosto de 1762 pidiendo la liberación de algunos gitanos envejecidos en La Graña. El Secretario de Marina solicitó el envío de datos y recibió poco después dos relaciones en las que se incluían, en una, a veinticuatro personas, vagabundos y presidiarios; en la otra, a otras cuarenta y tres que cumplían condena por el simple hecho de ser gitanos. Interesado en esta segunda lista, escribió a La Graña, Cartagena y La Carraca pidiendo relaciones de los gitanos con datos de edad, naturaleza y estado civil que aún permanecían presos en los arsenales desde 1749.

En la lista de Cartagena aparecen 84 gitanos y un expósito, con una media de edad de 40 años; el responsable de esta relación la finalizaba aludiendo a la subordinación y obediencia de los citados. En La Carraca aparecía sólo un gitano de la operación de 1749, que además fue allí remitido en 1754, y que para 1762 había quedado ciego. De La Graña llegó una relación con 79 nombres, de los cuales sólo nueve no eran de Andalucía; trece de ellos aparecían como casados.

El Secretario de la Marina escribió al Consejo en junio de 1763 pidiendo el indulto de los 165 gitanos presos en los arsenales. En esta guisa, el Consejo encargó a Don Pedro Rodríguez de Campomanes y Lope de Sierra Cienfuegos la elaboración de un informe en el que propusieron un amplio paquete de medidas reguladoras sobre la existencia de todos los gitanos y en el que se incluyó la libertad de los forzados, si bien hubieron de esperar aún dos años para dejar los arsenales.

El proyecto Campomanes-Cienfuegos, que se estimó como dilatorio para la definitiva solución al problema gitano, fue finalmente suspendido. Se terminó entonces por señalar el 18 de junio de 1765 como fecha límite para decidir los domicilios adonde debían asentarse los gitanos y se envió una relación al Secretario de Marina el 4 de julio; dos días más tarde, cursó sus copias a los respectivos arsenales y avisó a los pertinentes pueblos de la llegada de los gitanos. A mediados de mes, los arsenales dieron por realizada la operación.

Conclusiones

El fracaso en las ejecuciones prácticas de las sentencias contra gitanos, las necesidades de mano de obra de la Monarquía Hispánica para tareas poco onerosas, pesadas y arriesgadas, un discurso oficial que criminaliza al colectivo y lo señala como fuente de males de la sociedad del momento. Todo ello llevará al constante replanteamiento de las estrategias a seguir para con los gitanos.

Siendo en un principio el blanco de duras penas y castigos corporales, desde el siglo XVI será un filón de mano de obra gratuita, al conmutar aquellas condenas por la realización de trabajos forzosos. El debate por ver qué hacer con los gitanos continuará por siglos, tomando los partidarios preferencias bien por su integración forzosa, bien por su eliminación física. Éste último paso se trató de llevar a cabo en 1749, una auténtica operación genocida que duraría por casi dieciséis años.


[1] En ella mandó que “viendo varón sin oficio o sin vivir con señor, las justicias los prendan. Y al que fuere o fueren en edades de 20 años hasta 50, los envíen a las nuestras galeras para que sirvan en ellas por espacio de seis años al remo. Y pasados, mandamos al Capitán de las Galeras, y encargamos la conciencia, que luego los suelten y dejen ir libremente a sus tierras. Y siendo de menos edad los dichos 20 años y mayores de 50, sean ejercitados en sólo las penas en la dicha Pragmática contenidas”. En Novísima Recopilación…, ley 13, título II.

[2] AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 28 (I), apud. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.: “Los gitanos en el reinado…”, p. 416.

[3] AGS, Estado, leg. 157, apud. ibid.  pp. 419-420.

Bibliografía|

BENNASSAR, BARTOLOMÉ, “Historia Moderna”, Madrid: Akal, 2005.

GÓMEZ ALFARO, ANTONIO., “La gran redada de gitanos. España: la prisión general de gitanos en 1749”, Madrid: Presencia Gitana, 1993.

LEBLON, BERNARD., “Los gitanos de España”, Barcelona: Gedisa, 2001.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MANUEL, “Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556-1598). El fracaso de una integración”, Chronica Nova, nº 30, Granada: Universidad de Granada, 2003-2004.

MESTRE SANCHÍS, ANTONIO, y otros, “La cultura española en la Edad Moderna”, Madrid: Istmo, 2004.

MORENO CASADO, JOSÉ, “Los gitanos de España bajo Carlos I”, Chronica Nova, nº 4-5, Granada: Universidad de Granada, 1969.

SÁNCHEZ ORTEGA, MARÍA HELENA.: “Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII”, Madrid: Nacional, 1977.

ZOIDO NARANJO, ANTONIO, “La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco”, Mairena del Aljarafe (Sevilla): Portada, 1999.

Obras impresas|

“Novísima Recopilación de las leyes de España”, Madrid, 1805.

Webgrafía|

Legislación Histórica de España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010, disponible en la WEB http://www.mcu.es/archivos/lhe/

Redactor: Daniel Rodas León

Graduado en Historia y titulado en el MAES por la US, aficionado paleógrafo e interesado en la historia de las mentalidades y la social, especialmente de los marginados.

Comparte este artículo

Envía un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

CERRAR