Historia de los gitanos (II). La condena del particularismo gitano

Obra de Vicent van Gogh titulada "Campamento de gitanos con caravanas" y pintada en Arlés (Francia) en agosto de 1888. Fuente.

“Campamento de gitanos con caravanas”, obra de Vicent van Gogh, creada en Arlés (Francia) en agosto de 1888. Fuente

La condena del particularismo gitano.

Desde comienzos del siglo XVI, el discurso antigitano vino a ser un común denominador en los diferentes estados europeos, cuyos coletazos en forma de estereotipos acompañados de prejuicios están muy presentes en la actualidad. La idea que se transmitía de los gitanos era que no eran más que un hato de bribones apátridas, carentes de fe y de ley y consagrados al ocio, quienes además se ganaban la vida gracias a las rapiñas. Por ello, los nacientes Estados Modernos (con pretensiones de control absoluto sobre sus súbditos) persiguieron el abandono sus costumbres, identificadas con los usos de una lengua y unas vestimentas particulares, con el desempeño de ciertos oficios y con la vida errante.

La vida errante

Si bien es cierto que no sabemos si fue un grupo nómada en su tierra de origen, sí se puede hablar de nomadismo gitano a la hora de reconstruir un éxodo que durará varios siglos y que llevará a este grupo por diferentes regiones europeas, en un primer momento bajo la protección de monarcas y nobles cristianos. Como vimos en el artículo anterior, pronto cambió de signo esta suerte de protección paternalista y el carácter ambulante de los gitanos será duramente perseguido y castigado a golpe de vecindades obligatorias, penas de trabajos forzados, azotes y destierro.

Centremos a partir de ahora nuestra atención en los territorios peninsulares de la Corona de Castilla. Bajo el reinado de Carlos I, las Cortes informaron al emperador del incumplimiento de la Pragmática de los Reyes Católicos y del otorgamiento de cédulas y dispensaciones entregadas a favor de los gitanos. Esto nos pone bajo la pista de dos fenómenos: el primero tiene que ver con la imposibilidad de llevar a cabo, con la debida eficiencia, las disposiciones dadas desde la Corte; el segundo está relacionado con la protección otorgada a los gitanos por parte de algunos miembros de la nobleza y el clero.

En cualquier caso, no hay que perder de vista que la Corona pretendió la integración de los gitanos en la sociedad por medio de leyes que condenaban su forma de vida, empleando la fuerza para la aplicación de la justicia. Felipe II, en 1586 ordena que:

“Se guarden las leyes y pragmáticas de estos reinos, que prohíben y mandan que los gitanos, hombre y mujeres, no anden vagamundos sino que vivan de estancia, con oficio y asiento.  (…). Y asimismo mandamos que ningunos de ellos pueda vender cosa alguna, así en ferias como fuera de ellas, si no fuere con testimonio signado de escribano público, por el cual conste de su vecindad y de las partes y lugar donde viven de asiento, y de las cabalgaduras, ganado, ropa y otras cosas y señas de ellas, que de tal lugar saliere a vender, so pena de que lo que en otra forma vendieren, sea tenido por hurto y ellos castigados por ello”[1].

Resulta muy llamativa la necesidad exclusiva de los gitanos de probar su vecindad y la licitud de las compras de los productos allí donde se quiera hacer negocio de la venta. Será además una disposición legal que se repetirá sucesivamente con los demás monarcas, hecho que quizás nos indique la verdadera ineficacia en su aplicación. Al tiempo, se requerían igualmente de los gitanos una serie de documentos que permitían, no su libre circulación, sino el desplazamiento a un lugar determinado y por un motivo justificado.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII se continuó legislando y persiguiendo a los gitanos errantes buscando su sedentarización forzosa. Con este fin, Felipe III dispuso “la labranza y la cultura de la tierra”[2] como el único trabajo apto para los gitanos, cuyo efecto práctico debió ser escasísimo, si bien es cierto que se cuenta con documentos que relacionan a los gitanos con el mundo rural, incluso como propietarios y arrendadores.

Con todo, y a pesar de las leyes que insisten en fijarlos a la tierra y su labranza, cuando se prenden gitanos son enviados, no al campo sino a las galeras, a las minas y a los arsenales reales. Además, hay que tener en cuenta que, en sus localidades, los gitanos se emplearon en los considerados oficios viles, a saber como carniceros, esquiladores, curtidores, canasteros o herreros, cuya utilidad resulta evidente. Por otra parte, no hay que pasar por alto el surgimiento de mecanismos adaptativos entre los gitanos para obtener la vecindad, enrolándose, por ejemplo, en los Tercios de Flandes, participando en el sistema de las encomiendas y tomando parte activa en actividades institucionales religiosas.

Fragmento de los "Herreros gitanos", xilografía de R. Schick (1877). Fuente.

Fragmento de los “Herreros gitanos”, xilografía de R. Schick (1877). Fuente

La lengua y el traje de gitanos

Una de las características definitorias de los gitanos de la España Moderna será el uso de una lengua particular que la legislación llama jerizonga y que entendía como un lenguaje en clave, propio de ladrones y malhechores. Así, encontramos a un Felipe IV reiterativo ordenando que tanto “hombres como mujeres, de cualquier edad que sean, no vistan ni anden con traje de gitanos, ni usen la lengua, ni se ocupen en los oficios que les están prohibidos (…)”[3]. Ciertamente, el idioma de los gitanos de todo el mundo, el Romaní, lengua de origen sánscrito -que no hablan los gitanos españoles-, sufrió una serie de desvíos lingüísticos que han dado lugar al romanó-kaló, que adapta la estructura gramatical del castellano y que, en cualquier caso, no parece que fuese usada ampliamente en la época que nos concierne.

Otra de las más repetidas condenas que se observan en la legislación dictada contra los gitanos es la del uso de su traje, el cual conocemos indirectamente, por ejemplo, a través de representaciones gráficas. Con Felipe II, las penas vigentes contra los gitanos también se dirigían a aquellos que “aunque no lo sean, si anduvieren en hábito de gitanas, hayan la pena de azotes (…)”[4]. Felipe III, en un intento extremo de negación de la etnia gitana, sanciona en 1633 que “para extirpar de todo punto el nombre de gitanos, mandamos que no se lo llamen ni se atreva ninguno a llamárselo, y que se tenga por injuria grave y como tal sea castigada con demostración. Y que ni en danza ni en otro acto alguno se permita acción ni representación de traje ni nombre de gitanos, so pena de dos años de destierro y de 50.000 maravedís”[5].

Fue Felipe V en 1723 el último monarca que dictó la última de estas las leyes de prohibición de ropajes y que se venían dando desde época de Juan II. ¿Qué es, entonces, lo que se perseguía con tales disposiciones? Perspicazmente, Zoido Naranjo entiende que aquellas leyes con Juan II, cuando se creía que los gitanos eran nobles venidos de la Pequeña Egipto, iban dirigidas contra los plebeyos que tomasen un hábito inadecuado a su posición social, de ahí que no se hagan referencias a la cuestión en la Pragmática de los Reyes Católicos; para 1560, encontramos penas para quien, no siendo gitano, vista con su hábito. Así pues, la legislación vino, al igual que las prohibiciones de tráfico de ganado y posesión de caballo, a defender los símbolos sociales de un nivel superior al de los gitanos.

La protección a los gitanos por parte de los nobles y de la Iglesia

La legislación conminaba igualmente a los gitanos a tomar amo, práctica bastante extendida y rastreable en los apellidos de familias ilustres adoptados por ciertas familias gitanas. La previsión de penas y castigos por Carlos II en su Pragmática de 12 de junio de 1695 contra los protectores de gitanos no evitó el acercamiento de éstos con parte de la nobleza. Esta ligazón se hizo más estrecha con el cambio de dinastía en el trono, cuando los ministros ilustrados representen una amenaza para los nobles en lo tocante a sus intereses económicos, los cuales estaban fundamentados en el mundo ganadero; es probable que en este contexto, los nobles se aprovechasen de los oficios que poca gente más que los gitanos desempeñaban.

La relación de los gitanos con la Iglesia no es fácil de dilucidar. En una mano tenemos libros de bautismos, matrimonios y enterramientos con nombres y apellidos de gitanos, lo que choca con la idea de ver a todos los de este grupo como vagabundos y forajidos. En la otra, encontramos sermones que condenan su forma de vida, si bien hay que señalar que los gitanos nunca debieron parecer un peligro real al Tribunal de la Inquisición.

Cabe señalar que, desde el siglo XVIII, los ministros ilustrados pleitearon con la Iglesia buscando obtener un beneficio económico con la aplicación del regalismo a las tierras de conventos. También defendieron que los gitanos no merecían el derecho de asilo que otorgaba la Iglesia: así, en 1737 se firmó un concordato en virtud del cual se eliminó la inmunidad eclesiástica para con los gitanos, lo que creó una fuerte oposición ante la administración ilustrada, sobre todo entre el clero regular; finalmente, en 1748 se dio carácter normativo a las órdenes papales, reclamadas por el Consejo de Estado, que suponían el fin del derecho de asilo para los gitanos, abriendo el camino para el arresto general de 1749.

Referencias a la aplicación de la justicia

En esa persecución por la eliminación del particularismo gitano se insiste en la colaboración de todas las justicias para que resulte efectiva la aplicación de la ley. En un primer momento, la multiplicidad de jurisdicciones (que además rivalizan entre sí) va a resultar favorable a los gitanos. Además, no son pocas las localidades en las que en ocasiones no se conoce la ley dictada contra los gitanos y que existían multitud de lugares donde estaban asentados y desempeñando sus oficios.

Herreros ambulantes gitanos. Civitates Orbis Terrarum, 1564. Fuente.

Herreros ambulantes gitanos. Civitates Orbis Terrarum, 1564. Fuente

Hasta la llegada de los cuerpos de ejército al territorio peninsular, la tarea persecutoria y de vigilancia sobre los gitanos, así como la correcta aplicación de las leyes, reposaban sobre las Justicias y las autoridades locales. Con competencias especiales en la cuestión encontramos a un juez creado en 1592 por las Cortes de Madrid y también a la Santa Hermandad. Esta institución estaba encargada de la persecución a los gitanos, tarea que no siempre resultó exitosa si tenemos en cuenta, como nos pone bajo la pista el profesor Leblon, los numerosos casos en los que entraron en conflicto con las autoridades locales y eclesiásticas e incluso con los propios vecinos de diferentes poblaciones, que tomaban partido a favor de los gitanos.

En 1702, los Tercios fueron sustituidos por regimientos y el ejército, formado hasta entonces por profesionales, se fue llenando gracias a las cada vez más frecuentes levas y la recurrencia a las quintas por parte de los Borbones. En esta línea, nos encontramos con el prendimiento de gitanos y vagabundos en 1734 para luchar contra María Teresa de Austria por la sucesión de Polonia y para combatir en Italia por la recuperación de Sicilia [6], donde reinaría el futuro Carlos III de España hasta 1747, cuando se evacuó el territorio. Será con el regreso del ejército desde Europa y con su instalación en la Península cuando la legislación antigitana se aplique con mayor eficacia.

Conclusiones

Podemos afirmar que hay un discurso oficial del Estado que condena el particularismo gitano, asimilado con el nomadismo y los usos de unas vestimentas y una lengua particulares. Este modelo choca directamente con otros testimonios que nos informan sobre la defensa que las autoridades locales y los habitantes de determinadas localidades hacían en ocasiones cuando eran apresados sus vecinos y trabajadores gitanos. De la misma forma, la protección para con los gitanos, dentro de un vaivén de intereses, también se dio entre la nobleza y el bajo clero.

A diferencia otras minorías perseguidas, como es el caso de los judíos y los musulmanes, a los que se les imponía penas y castigos destinados a su exclusión y diferenciación social, con los gitanos se buscó todo lo contrario, es decir, se prohibió hacer uso de todo particularismo rom.

Lo que se pretende mediante la aplicación legislativa es la eliminación de los gitanos, bien mediante la expulsión o eliminación física, bien mediante la asimilación forzosa. Sin embargo, y es algo que no deja de resultar paradójico, cuando los gitanos fueron prendidos se les llevó a las galeras reales como remeros, a las minas de Almadén y, ya con los Borbones, a los arsenales de la Marina. Así visto, la Monarquía Hispánica se benefició durante casi tres siglos de una cuantiosa mano de obra gratuita para trabajos no cualificados que desempeñaron, en calidad de reos, numerosas personas simplemente por el hecho de ser gitanas.

 


[1] Novísima Recopilación de las leyes de España, tit. V, libro XIII, p. 358.

[2] Legislación Histórica de España [base de datos en línea], 4ª ed. Julio 2010, disponible en la WEB http://www.mcu.es/archivos/lhe/servlets/VisorServlet.jsp?cod=009674

[3] Novísima Recopilación…, ley 16, tít. II, libro 8.

[4] Ibid., ley 13, tít. II, libro 8.

[5] Ibid., ley 16, tít. II, libro 8.

[6] Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera, edición de Antonio Castro Carrasco, Sevilla, 1995, f. 20.

Bibliografía |

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LEBLON, B., “Los gitanos de España”, Barcelona: Gedisa, 2001.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556-1598). El fracaso de una integración”, Chronica Nova, nº30, 2003-2004.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Los  gitanos en el sureste peninsular de los siglos XV y XVI”, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, nº 14, 1995.

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MORENO CASADO, J.: “Los gitanos de España bajo Carlos I”, Chronica Nova, nº 4-5, 1969.

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ZOIDO NARANJO, A.: “La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco”, Mairena del Aljarafe (Sevilla): Portada, 1999.

Obras impresas |

“Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera”, Sevilla: edición de Antonio Castro Carrasco, 1995.

“Novísima Recopilación de las leyes de España”, Madrid, 1805.

Webgrafía |

Legislación Histórica de España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010, disponible en la WEB http://www.mcu.es/archivos/lhe/

Redactor: Daniel Rodas León

Graduado en Historia y titulado en el MAES por la US, aficionado paleógrafo e interesado en la historia de las mentalidades y la social, especialmente de los marginados.

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